El Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, ha dado a conocer un tema sensible para la vida económica de la ciudad: la detección de extrabajadores de la Dirección de Inspección y Verificación que, utilizando credenciales antiguas, han intentado extorsionar a comerciantes de la localidad.
Este hecho, aunque lamentable, refleja la voluntad del gobierno municipal de no ocultar los problemas, sino de visibilizarlos y enfrentarlos con claridad. El llamado del alcalde a denunciar cualquier acto irregular ante la Sindicatura Procuradora constituye una invitación a la participación ciudadana, indispensable para fortalecer la confianza en las instituciones y erradicar malas prácticas.
Sin embargo, también es necesario reconocer que esta no es la primera ocasión en que la dependencia a cargo de José Antonio Olivas Heredia se ve envuelta en señalamientos por presuntos abusos en sus procedimientos. Si bien el edil manifestó su confianza en el equipo actual, la reiteración de estos casos subraya la urgencia de aplicar medidas más estrictas de control interno, así como de reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Cabe recordar que durante su campaña, el alcalde Burgueño Ruiz prometió encaminar a Tijuana hacia un gobierno digital e innovador. Si ese proceso de modernización tecnológica ya estuviera en marcha, el escenario actual sería muy distinto: habría mayor control sobre los inspectores, se reduciría la discrecionalidad en los procedimientos y la ciudadanía contaría con plataformas confiables para verificar la autenticidad de quienes ejercen funciones de supervisión. En este sentido, la coyuntura actual puede convertirse en un punto de inflexión para acelerar esa transformación digital que tanta falta hace.
El propio alcalde ha señalado que todos los funcionarios permanecen bajo evaluación constante. Esta declaración abre la puerta a que se valoren ajustes, correcciones y en su caso, decisiones firmes para garantizar que ninguna sombra de duda empañe la gestión pública. Un área tan sensible como la verificación de comercios requiere un liderazgo sólido y ejemplar, capaz de transmitir confianza tanto a los colaboradores como a los ciudadanos.
Los reportes de extorsiones no deben ser vistos solo como incidentes aislados, sino como oportunidades para revisar procesos, modernizar controles y dar un mensaje inequívoco de cero tolerancia a la corrupción. El reto es grande, pero también lo es la voluntad de avanzar hacia un modelo de gobierno más transparente, cercano y confiable.
Así, Tijuana puede transformar esta coyuntura en un paso adelante: demostrar que la legalidad se defiende con acciones, que la innovación no es una promesa, sino una herramienta real de control y que la confianza ciudadana es el activo más valioso de cualquier administración.
