Un expediente abre dudas sobre protección a red más amplia vinculada con huachicol
Un juez federal en Zacatecas concede suspensión a Andy y Bobby López Beltrán contra cualquier orden de captura. La resolución se integra en el expediente 2098/2025 que incluye otros nombres relevantes.
La medida se dicta en audiencia privada y entra en vigor de manera inmediata al admitirse la solicitud presentada por el abogado Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald. “El juez actuó conforme a derecho y garantizó el debido proceso”, explicó una fuente allegada a la defensa.
La decisión provoca cuestionamientos porque no se limita a los hijos del presidente. El documento judicial también menciona al contraalmirante Fernando Farías Laguna y al empresario apodado el Señor de los Buques, señalados en investigaciones sobre huachicol.
El amparo admitido, aun sin la firma directa del promovente, abre interrogantes sobre la amplitud de la protección legal y su alcance en posibles redes de complicidad. De acuerdo con especialistas, el blindaje judicial no elimina procesos en curso, pero sí dificulta acciones inmediatas de la fiscalía.
Las autoridades deben aclarar si esta resolución constituye un recurso procesal legítimo o un freno para investigaciones en materia de delincuencia organizada y corrupción. Analistas consultados advierten que el caso podría marcar precedente en el uso de amparos colectivos.
El asunto expone un choque entre el discurso oficial contra el crimen y la aplicación de medidas judiciales que favorecen a personajes ligados al poder político. En este escenario, la percepción pública oscila entre la garantía de derechos y la sospecha de impunidad.
