El hallazgo de 60 mil litros de huachicol en plena carretera Tijuana-Tecate no es solo un golpe más contra el robo de combustibles: es un recordatorio incómodo de lo que nadie en el gobierno quiere decir en voz alta, para que exista una toma clandestina de este tamaño, con dos pipas estacionadas y un predio entero habilitado como bodega, no hablamos de improvisación de barrio, sino de una operación que requiere logística, protección… y claro, complicidad.
La gobernadora Marina del Pilar se apresuró a presumir el cateo (con uniforme militar de fondo para la foto, por supuesto) como si fuera un logro de su administración, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo diablos pudo instalarse una toma ilegal en un ducto federal sin que Pemex, Guardia Nacional, Sedena o la propia Fiscalía se dieran cuenta antes? La ordeña no empezó el 19 de septiembre, ni mucho menos, esto llevaba semanas, meses, quizá años, funcionando a plena luz del día.
El otro caso en Ensenada, con 30 mil litros de diésel sin papeles, tampoco es un hecho aislado, Baja California se ha convertido en un corredor atractivo para el huachicol, no solo porque el consumo de combustibles es alto, sino porque la vigilancia es débil y selectiva, en pocas palabras: el negocio florece porque alguien lo deja florecer.
El discurso oficial insiste en “cero tolerancia” y “combate frontal”, pero en la práctica lo que vemos es otra cosa: decomisos espectaculares de vez en cuando, mientras la red sigue funcionando, es como cortar las ramas secas de un árbol podrido sin tocar la raíz.
La verdadera pregunta es incómoda: ¿quién protege el negocio? Porque si un predio en Ojo de Agua se convirtió en centro de acopio, es porque hubo omisiones deliberadas y esas omisiones se pagan en efectivo, no en descuidos.
Al final, lo que queda claro es que el huachicol en Baja California ya no es un problema marginal: es un negocio estructurado, con mercado, rutas y cobertura política, lo demás (comunicados, fotos y cateos aislados) es pura escenografía.
