La tensión política subió de tono en la Cámara de Diputados cuando la exlegisladora panista María Elena Pérez-Jaén Zermeño confrontó a la diputada morenista Hilda Araceli Brown, señalada en Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.
En un intercambio grabado en video, Pérez-Jaén exigió que Brown solicite licencia a su cargo para que las investigaciones puedan avanzar sin el blindaje que otorga la curul. “¿Por qué no solicita licencia?”, le reclamó frente a las cámaras.
La respuesta de Brown fue defensiva: “Señora yo fui atenta con usted, no me acose por favor… me está persiguiendo con cámaras”, una frase que más que aclarar, terminó exhibiendo la estrategia del “víctima del acoso” como refugio frente a cuestionamientos legítimos.
Brown, exalcaldesa de Playas de Rosarito, ha sido señalada por autoridades estadounidenses de haber colaborado con el crimen organizado durante su administración municipal, a pesar de la gravedad de las acusaciones, la diputada descartó separarse del cargo y aseguró que “no tiene nada que ocultar”.
La escena revela dos cosas: por un lado, el uso mediático y político de las acusaciones, donde opositores como Pérez-Jaén buscan presionar en público lo que las instituciones no investigan en privado; por otro, la fragilidad del sistema de rendición de cuentas en México, donde el discurso “el que nada debe, nada teme” sustituye la obligación de enfrentar procesos legales claros.
El choque entre ambas políticas deja en evidencia que, en Baja California y en el país, los cargos públicos siguen siendo vistos como escudos de impunidad más que como espacios de servicio, mientras tanto las acusaciones de nexos con el narcotráfico siguen flotando en el aire, sin un proceso judicial contundente que las confirme o descarte.
