La indignación de jueces y magistrados forzados al retiro, ahora sin pensiones ni indemnizaciones prometidas, exhibe una contradicción brutal: si un patrón privado hiciera lo mismo, el SAT lo perseguiría, la Junta de Conciliación lo emplazaría y los sindicatos lo lincharían mediáticamente, pero cuando es el Estado es quien incumple, entonces todo se maquilla con palabras solemnes: “reestructura”, “ajustes presupuestales”, “en análisis”. En otras palabras: hagan fila y esperen.
Lo ocurrido con los exintegrantes del Poder Judicial no es una anécdota aislada, es el espejo de un patrón de conducta que atraviesa gobiernos municipales, estatales y federales. Retener pagos a maestros, médicos, policías, proveedores o burócratas se ha convertido en una práctica sistemática, el gobierno se da el lujo de atrasar, recortar, reinterpretar la ley a su conveniencia y si alguien protesta, la respuesta es siempre la misma: “no hay recursos, entiendan”.
Aquí está la ironía: el mismo Estado que exige puntualidad en impuestos, que multa a las empresas por no liquidar a tiempo, que presume “defender a los trabajadores”, es el primero en incumplir con quienes dependen de él. Se comporta como el peor de los patrones, con la diferencia de que nadie lo sanciona.
Que se trate de jueces agrava el asunto, porque si hasta ellos (que conocen la ley, que han impartido justicia, que tuvieron privilegios) son incapaces de obtener lo que les corresponde, ¿qué esperanza tiene un obrero de maquiladora, una secretaria de gobierno municipal o un jornalero agrícola cuando el patrón se llama Estado?
En Tijuana y Mexicali abundan historias similares: empleados despedidos sin liquidación, contratistas a quienes se les debe desde hace años, policías que reclaman horas extras jamás pagadas. Todo se queda en el aire porque enfrentar al gobierno es como gritarle al muro: nadie responde.
El mensaje es perverso: si el propio poder se da permiso de incumplir, ¿qué autoridad moral tiene para exigirle a los demás? La impunidad laboral empieza desde arriba, disfrazada de trámite administrativo.
