En Tijuana, el director del Penal de La Mesa fue suspendido tras difundirse un video donde varias mujeres presumen, entre risas y música, haber ingresado al reclusorio en medio de una especie de fiesta privada. Lo que parecía una transmisión irrelevante en redes se convirtió en una ventana al descontrol que impera dentro del sistema penitenciario de Baja California.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó la suspensión del funcionario durante su conferencia semanal, mientras el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, pidió “tiempo” para que la investigación avance. En otras palabras: nadie sabía nada, pero todos prometen actuar.
El episodio exhibe algo más que un exceso aislado. Revela el nivel de corrupción y relajamiento dentro de los penales, donde los privilegios y la entrada de objetos prohibidos son tan comunes como la falta de autoridad. Los supuestos “sistemas inhibidores de señal” quedaron obsoletos, según admitió la propia gobernadora, quien incluso justificó con una frase digna de antología: “Si las internas tienen un aparato, pues lo van a usar.”
El argumento suena más a resignación que a política pública. No se trata de celulares ni de tecnología 5G, sino de una estructura penitenciaria que perdió el control y se maneja entre negocios internos y complicidades oficiales.
Mientras tanto, el caso se convierte en tendencia en redes, las autoridades anuncian “nuevos protocolos” y los ciudadanos se preguntan si los reclusorios de Baja California son centros de readaptación… o de recreación.
