La revocación de visas a por lo menos 50 funcionarios y políticos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos ha generado un nuevo foco de tensión en la relación bilateral. Aunque la medida fue confirmada por fuentes diplomáticas a la agencia Reuters, hasta ahora solo algunos nombres han sido revelados públicamente, principalmente por los propios afectados o filtraciones a la prensa.
Entre los casos confirmados se encuentran Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California y su esposo Carlos Torres Torres, quienes reconocieron que sus visas fueron retiradas sin previo aviso. También figuran el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, y los alcaldes Juan Francisco Gim (Nogales) y Óscar Eduardo Castro Castro (Puerto Peñasco), ambos de Sonora.
De acuerdo con El País y AP News, la revocación forma parte de una política de “revisión reforzada” del Departamento de Estado hacia actores políticos con presuntos vínculos con estructuras criminales o irregularidades financieras. Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha confirmado públicamente los motivos ni los nombres de todos los implicados, al amparo de la confidencialidad establecida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En México, la noticia ha causado incomodidad dentro del partido Morena, al que pertenecen la mayoría de los señalados y ha abierto un debate sobre la posible utilización política de las visas como herramienta de presión. En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información formal a Washington, aunque reconoció que la decisión de otorgar o retirar visas es una atribución soberana de cada país.
Mientras tanto, diversos analistas advierten que este episodio podría anticipar una nueva etapa de fricciones diplomáticas entre ambos gobiernos, especialmente en temas de seguridad y migración, justo cuando se reanudan las negociaciones sobre cooperación fronteriza.
