La Guardia Nacional, esa institución que el gobierno presume como símbolo de disciplina y protección, hoy carga con otro crimen en sus filas: la muerte de Stephany Carmona Rojas, una joven de 27 años que denunció acoso y amenazas dentro de su propio cuartel en Acapulco y terminó muerta en lo que las autoridades llaman —con insultante descaro— “una práctica de tiro”.
Stephany había hecho lo correcto. Reportó a sus superiores el hostigamiento que sufría, dejó constancia por mensajes, avisó que temía represalias. “Así son de perros. Yo hice un parte y ni así”, escribió a una amiga. Pero nadie la protegió. Su voz fue ignorada por el mismo sistema que debía garantizarle seguridad.
Días después, apareció muerta dentro de las instalaciones del 51 Batallón. El presunto responsable, Yair Manuel, segundo sargento de la misma corporación, está prófugo. La versión oficial asegura que todo ocurrió durante una “práctica de tiro”, una excusa tan absurda que solo revela la intención de encubrir.
La familia de Stephany, originaria de Ajalpan, Puebla, exige justicia y denuncia un encubrimiento institucional y tienen razón: si una mujer armada, entrenada y en servicio no puede defenderse del acoso dentro del propio cuartel, ¿qué puede esperar cualquier otra mujer frente al abuso?
Su caso no es un accidente ni una excepción. Es el reflejo de una cultura militar que protege a los agresores y calla a las víctimas, una estructura que convierte la obediencia en impunidad. Stephany soñaba con servir a su país, pero el país la traicionó.
