Mientras el discurso oficial insiste en que el “robo de combustible está controlado”, la realidad sigue dejando en ridículo al eslogan. Este fin de semana, fuerzas de seguridad aseguraron en Silao, Guanajuato, un predio con más de 1.6 millones de litros de hidrocarburos robados, el decomiso más grande registrado en el estado. Sí, leyó bien: un millón seiscientos setenta y cinco mil litros, equivalentes a unos 30 millones de pesos y como suele pasar en estos casos, hay de todo… menos detenidos.
El operativo reveló un verdadero parque industrial del huachicol. En el predio se localizaron nueve tanques con capacidades que iban desde 10 mil hasta un millón de litros, además de cinco pipas, cuatro vehículos “tipo full”, tres tractocamiones y tres tanques de transporte. Todo perfectamente organizado, con maquinaria de bombeo, despachadores con contador de litros y mangueras de alta presión. Un sistema tan profesional que parece imposible creer que nadie en el gobierno se hubiera dado cuenta antes.
Según el comunicado del gobierno estatal, el golpe al huachicol fue posible gracias a “denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia”. Es decir, una vez más, la gente hace el trabajo que las autoridades federales deberían estar haciendo. Porque, si se supone que la estrategia nacional contra el robo de combustible lleva años reforzándose con soldados, fiscalías y discursos patrióticos, ¿cómo es que siguen apareciendo centros de almacenamiento con casi dos millones de litros robados?
El operativo se llevó a cabo en la carretera Silao–San Felipe y aunque el combustible fue incautado y los vehículos quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, no se reportó ni un solo detenido. En el país donde puedes ir a prisión por no pagar una multa de tránsito, parece que operar una gasolinera clandestina es un delito menor.
Guanajuato, por cierto, no es un caso aislado. De norte a sur, los ductos de Pemex siguen siendo drenados por redes que, según reportes de inteligencia, operan con protección política y complicidad local y mientras los decomisos se convierten en trofeos mediáticos, el mercado negro del combustible continúa expandiéndose con la misma impunidad de siempre.
El hallazgo en Silao no solo exhibe la magnitud del robo, sino también la fragilidad del control del Estado sobre su propia riqueza energética. Porque no hay operativo ni cifra triunfalista que tape el hecho más evidente: el huachicol sigue corriendo por las venas del país y el gobierno parece más interesado en ocultarlo que en detenerlo.
