Ciudad de México. — En una nueva acción del gobierno de Estados Unidos contra figuras mexicanas vinculadas presuntamente al crimen organizado, se informa que la visa de ingreso al país fue revocada al señor Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Según medios nacionales que citan fuentes internas del Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la medida responde a investigaciones sobre redes de empresas implicadas en el huachicol fiscal y el contrabando de combustible.
De acuerdo con el medio Un Más Uno, el joven Durazo enfrenta una indagación que lo vincula con operaciones financieras ilegales y asociaciones con el exmarino fugitivo Fernando Farías Laguna, señalado por liderar un esquema de contrabando de combustible.
Por su parte, el gobernador de Sonora declaró públicamente que su visa estadounidense permanece vigente, aunque la aclaración no abordó directamente el asunto de su hijo.
La cancelación del documento de viaje se produce en un contexto de creciente presión de Washington contra mexicanos a quienes se les atribuyen vínculos con la delincuencia organizada. Según reportes, al menos 50 políticos y funcionarios han sido afectados por revocaciones de visa en los últimos meses.
El Departamento de Estado no emitió un comunicado oficial sobre el caso específico de Durazo Chávez. Sin embargo, portavoces dicen que las visas pueden cancelarse “cuando existe información suficiente para considerar que mantenerla va en contra de los intereses de Estados Unidos”, sin necesidad de una condena penal previa.
En México, la noticia ha generado impacto inmediato en el ámbito político estatal. Dirigentes de oposición han señalado que la medida confirma sospechas sobre la cercanía de Durazo Chávez con grupos delictivos, mientras que el partido del gobernador asegura que se trata de un “ataque mediático” y una operación de desgaste político.
Las investigaciones estadounidenses no sólo podrían implicar la restricción migratoria, sino también la congelación de bienes o la restricción de operaciones financieras relacionadas con el acusado.
El caso añade un nuevo capítulo a la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, corrupción y crimen organizado, y abre interrogantes sobre la capacidad del gobierno mexicano para defender la integridad de sus funcionarios ante acciones unilaterales del vecino país.
