Baja California.— La advertencia cayó como un balde de agua helada en el Congreso del Estado, el Secretario de Hacienda de Baja California reconoció públicamente que el sistema de pensiones atraviesa una “crisis terminal”, una situación tan grave que amenaza con devorar las finanzas públicas, comprometer servicios esenciales y arrastrar a toda la entidad a un escenario de insolvencia sin precedentes.
El informe presentado revela que el déficit estimado para 2025 asciende a 8,300 millones de pesos, de los cuales casi 7,000 millones deberán ser absorbidos directamente por el Gobierno del Estado. Lejos de estabilizarse, la crisis seguirá escalando: para finales del próximo año el déficit alcanzará 8,700 millones, y al cierre de la actual administración rebasará los 9,500 millones. La tendencia es contundente: cada año el sistema exige más recursos de los que produce y en esta ruta, el colapso es inevitable.
El corazón del problema está en una proporción que hace tiempo dejó de ser viable. Actualmente apenas existen 2.6 trabajadores activos por cada pensionado, cuando los estándares actuariales establecen que se requieren al menos 7.6 para que un sistema de reparto pueda sostenerse. La brecha es brutal: faltan cinco trabajadores por cada jubilado. Ninguna estructura financiera soporta un desfase de esa magnitud sin caer en un déficit crónico que se agrava año con año.
El dato más sensible del informe fue la confirmación de que el 70% del agujero financiero proviene del sector educativo. Las obligaciones históricas con el magisterio han sido atendidas durante décadas mediante parches, ampliaciones presupuestales y transferencias emergentes. Sin una reforma integral, el pago de pensiones se ha convertido en un drenaje permanente de recursos públicos que compromete la capacidad operativa del Estado en otros rubros fundamentales.
A pesar de la gravedad de los números, el Secretario aseguró que nunca se ha dejado de pagar una sola pensión. Sin embargo, reconoció que la situación es comparable a la de un paciente que se desangra lentamente: se le aplican transfusiones constantes para mantenerlo con vida, pero sin una cirugía mayor que ataque el problema de fondo, el desenlace es inevitable. El sistema no solo está debilitado; está en jaque.
El funcionario explicó que esta crisis no puede ser resuelta exclusivamente por el Gobierno de Baja California, son 57 instituciones —incluyendo ayuntamientos, poderes públicos y organismos autónomos— las que deben sumar recursos y entrar a un proceso de saneamiento que permita revertir décadas de deterioro estructural. Sin su participación, cualquier intento de rescate será insuficiente.
La conclusión fue tan evidente como preocupante: Baja California necesitará un rescate federal. La magnitud del déficit rebasa las capacidades estatales y exige una intervención extraordinaria por parte de la Federación para evitar que el sistema colapse por completo, dejando sin protección a miles de jubilados y comprometiendo servicios públicos que ya operan al límite.
Expertos financieros coinciden en que esta crisis no es nueva; únicamente se había pospuesto. Lo que hoy sale a la luz es el resultado de años de señales ignoradas, reformas aplazadas y decisiones políticas que se tomaron pensando en el corto plazo. Ahora, con un sistema exhausto y un déficit que crece de manera exponencial, Baja California enfrenta uno de los retos financieros más graves de su historia reciente.
La pregunta que queda en el aire es si habrá voluntad política para emprender la cirugía profunda que el sistema necesita o si el gobierno continuará administrando la agonía hasta que las finanzas estatales ya no puedan sostenerse. Lo cierto es que el tiempo se agotó y el costo de no actuar será pagado por generaciones actuales y futuras.
