En plena crisis de credibilidad para Morena —marcada por retiradas masivas de visas, investigaciones estadounidenses y señalamientos directos a funcionarios municipales, estatales y federales— la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró durante la Mañanera del Pueblo que no existe evidencia de lavado de dinero en el envío de remesas a México.
La mandataria afirmó que, aunque cualquier indicio debe ser investigado, no se puede criminalizar a los mexicanos que envían dinero desde el extranjero. Según sus palabras:
“No hay indicios de lavado de dinero —y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y atacarlo— pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas… Esta idea de que las remesas se usan para lavar dinero: no hay indicios de ello, y si los hubiera, pues tiene que sancionarse.”
La posición presidencial llega en el peor momento posible, justo cuando distintas agencias estadounidenses han revelado esquemas transnacionales de narcotráfico, corrupción aduanal, lavado de dinero y triangulación financiera desde Baja California, Michoacán, Sonora y otros estados gobernados por Morena.
En menos de dos semanas:
- alcaldes han perdido sus visas,
- exalcaldes tienen cuentas congeladas,
- funcionarios estatales están bajo investigación federal,
- la FGR citó al alcalde de Tijuana por presunto lavado,
- y un exagente de CBP expuso redes mexicanas asociadas al cruce de fentanilo.
Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en que la delincuencia “ya no está en el gobierno”. Sin embargo, cada revelación desde Washington —desde la OFAC hasta cortes federales— apunta exactamente en la dirección contraria.
El contraste no pasa desapercibido para analistas y ciudadanos:
el gobierno mexicano niega vínculos, mientras Estados Unidos los documenta.
En ese contexto, las declaraciones de Sheinbaum sobre las remesas fueron interpretadas como un intento de blindar políticamente uno de los últimos pilares de legitimidad económica del país, aún cuando ella misma reconoció que, si existen irregularidades, deberán investigarse.
Pero el mensaje final fue claro:
“No hay indicios.”
La pregunta —la que flota en el aire social y político— es si no hay indicios… o si el gobierno federal ya no quiere verlos.
