Tijuana, B.C..- Lo que comenzó como un mensaje aparentemente aislado en redes sociales terminó por desnudar un acuerdo que el gobierno municipal había intentado mantener bajo absoluta discreción. Primero, los ayuntamientos firmaron convenios con el Gobierno del Estado “en lo oscurito”. Después, la exalcaldesa Montserrat Caballero, decidió exhibir públicamente lo que calificó como una operación política para entregarle al Estado facultades relacionadas con el predial y finalmente, el alcalde Ismael Burgueño terminó aceptando, en entrevista, lo que horas antes su administración había negado.
Caballero encendió la chispa cuando publicó un mensaje directo a los tijuanenses alertando que “el Estado quiere meter la mano en tu predial”, una afirmación que rápidamente generó una tormenta política. Lo que parecía una declaración temeraria terminó obligando al propio presidente municipal a explicar lo que hasta entonces se había manejado entre pasillos y carpetas selladas.
La presión ciudadana creció, la duda ya no era si existía un convenio, sino por qué se había ocultado. Entonces, Burgueño cedió, en entrevista oficial admitió el contenido y alcance del acuerdo, intentando suavizarlo. Aseguró que todo se trataba de un esquema de apoyo y colaboración con el Gobierno del Estado, aunque minutos antes se había afirmado desde su círculo más cercano que todo era “una invención para desestabilizar”.
Pero el propio alcalde terminó describiendo lo que el Ayuntamiento había negado rotundamente. Sus palabras quedaron registradas en la declaración oficial:
“Es un esquema de coordinación… el municipio sigue recaudando su predial, el Estado no interviene en la recaudación del predial; el Estado intervendría en apoyarnos en recolectar esquemas donde ya los dábamos por perdidos (…) Nos favorece en todos los sentidos en cuanto a más recurso y al mismo tiempo recaudatorio.”
La frase clave —“el Estado intervendría”— confirmó lo que Montserrat había denunciado: sí existe intervención estatal en procesos vinculados al predial, aunque para Burgueño se trate solo de “apoyo recaudatorio”.
El problema es político, no técnico. La filtración de la exalcaldesa mostró que existía un acuerdo firmado sin informar al Cabildo, sin socialización pública, sin transparencia y sin avisar a los propios ciudadanos, quienes ahora se preguntan qué más se entregó, cuánto se compromete del municipio y qué impacto tendrá en la autonomía financiera de Tijuana.
La narrativa cambió tres veces en horas: primero negaron el convenio; luego acusaron una campaña de desinformación y finalmente aceptaron su existencia, justificándolo como una vía para obtener recursos federales. El daño ya estaba hecho: quedó exhibido que el Ayuntamiento intentó ocultar un acuerdo significativo para la ciudad.
Lo que inició como un post se convirtió en un terremoto político y hoy, el Ayuntamiento de Tijuana enfrenta algo más profundo que un debate técnico: una crisis de credibilidad.
