Tijuana, B.C..- El anuncio del convenio de coordinación entre el Ayuntamiento de Tijuana y el Gobierno del Estado para “reforzar la recuperación de ingresos municipales” —es decir, para que el Estado entre a cobrar adeudos que el propio municipio dejó perder— encendió la confrontación política en la ciudad. Mientras el gobierno municipal intenta venderlo como un simple mecanismo técnico, la dirigencia del PAN Tijuana lo ve como lo que parece: una claudicación de funciones básicas y una señal más del desorden administrativo que impera en Palacio Municipal.
El Ayuntamiento asegura que el convenio permitirá “localizar” rezagos y “recuperar” pagos que ya no estaban en su radar, según el alcalde Ismael Burgueño, se trata solamente de un apoyo operativo del Estado, “Es un esquema de coordinación… el municipio sigue recaudando”, dijo, intentando suavizar el golpe político. “El Estado intervendría en apoyarnos en recolectar algunos esquemas donde ya los dábamos por perdidos… es coordinación nada más”.
Lo que no dijo es que admitir que “ya los dábamos por perdidos” equivale a reconocer la incapacidad del gobierno municipal para cumplir con una de sus obligaciones más elementales.
Ahí entró Myrna González, dirigente del PAN en Tijuana, quien no dejó pasar la oportunidad de resaltar la incapacidad declarada por el ayuntamiento para realizar su trabajo y además cuestionar cual es el fin que tendrían los recursos, así como el porcentaje que se quedará el gobierno del estado por el “favorcito”. Para ella, no se trata de coordinación, sino de incompetencia y fue contundente:
“La obligación del municipio es recaudar lo que la ley le señala; si no pueden, que se vayan.”
González insistió en que el predial es un ingreso propio del municipio y que permitir la intervención del Estado no solo es improcedente, sino peligroso. “Son recursos que deben verse reflejados en bacheo, obra, alumbrado, basura, seguridad. ¿Cómo pretende el alcalde entregar facultades que son exclusivamente al municipio?”, reclamó.
Para la dirigencia panista, el Ayuntamiento no firma un convenio técnico: debilita la autonomía municipal, abre la puerta a la opacidad y creó una dependencia innecesaria del Estado en una de las pocas áreas donde Tijuana debería estar ejerciendo control absoluto. Ahora resulta que ni para cobrar tienen gracia.
Mientras el gobierno municipal intenta instalar la narrativa de la “coordinación”, Myrna González se ha convertido en la voz que le recuerda a la ciudadanía que ninguna cortina de humo cambia los hechos: Tijuana entregó parte de su capacidad recaudatoria porque no pudo —o no quiso— hacer su trabajo.
