Gracias a la rápida difusión en medios digitales y a la reacción inmediata del “Chikilín”, lider de la Patrulla Espiritual, se lograron reunir los datos necesarios para identificar a los elementos policiacos que despojaron de dinero en efectivo a uno de sus colaboradores durante un “retén”. Lo que normalmente queda en el silencio y la resignación ciudadana, esta vez tomó otro rumbo.
La Secretaría de Seguridad Pública informó que, tras los señalamientos públicos, dos elementos fueron suspendidos de manera inmediata y que el caso quedó formalmente en manos de la Sindicatura Municipal, donde ya se presentó la denuncia correspondiente para dar seguimiento a las investigaciones y deslindar responsabilidades.
Este episodio refleja con crudeza una realidad que los tijuanenses viven a diario: abusos de autoridad, extorsiones y atropellos cometidos por quienes deberían proteger a la ciudadanía. La diferencia en este caso fue que la víctima no se quedó callada y contaba con el alcance mediático suficiente para obligar a las autoridades a reaccionar.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿cuántos casos similares quedan enterrados por miedo, falta de pruebas o desconfianza en las instituciones? Porque cuando no hay cámaras, redes o presión pública, la historia suele terminar muy distinto.
Hoy el reflector está encendido y la exigencia es clara. El mensaje va directo al alcalde Ismael Burgueño y al secretario de Seguridad Pública, José Alejandro Áviles Amezcua: o se pone orden real en la corporación, o se asume públicamente la responsabilidad de permitir —o tolerar— estas prácticas. Porque Tijuana ya no está para más abusos… ni para más silencios.
