Siete años después de que Francisco “Kiko” Vega fuera linchado mediáticamente por atreverse a impulsar una planta desaladora en Rosarito, el guion político se ha invertido con una velocidad que solo puede explicarse con alquimia partidista. Lo que antes era símbolo de corrupción, impacto ambiental y sospechoso lucro privado, hoy se presenta como milagro hídrico, victoria ciudadana y “autonomía estratégica” cortesía de la 4T.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no escatimó en adjetivos al anunciar que Rosarito tendrá la planta desaladora “más GRANDE y MODERNA de Latinoamérica”. El entusiasmo es legítimo, aunque el dato es curioso: el nuevo proyecto producirá 2,200 litros por segundo, la desaladora que impulsaba el panista prometía el doble: 4,400.
Pero la diferencia crucial está en la cartera. El proyecto de Vega contemplaba inversión privada, no le costaba ni un solo peso al estado, mientras que el de Marina del Pilar endeudará a Baja California con más de 5,000 millones de pesos. Un monto que no es menor en una entidad donde faltan medicamentos, sobran baches y las escuelas públicas estan tomadas por falta de maestros. ¿Dónde están ahora aquellos defensores del erario que pedían la cabeza del panista por siquiera sugerir la obra?
La respuesta es tan clara como el agua (purificada, claro): la moral pública en Baja California se filtra por los colores del partido. Si el proyecto lo impulsa un gobierno azul, es avaricia disfrazada, si lo promueve la 4T, es justicia social en su estado más líquido. No importa que el nuevo plan sea más chico, más tardado y menos eficiente. Ahora huele a Marina del Pilar y eso basta para santificarlo.
La pregunta que flota como sal en el ambiente: ¿se purificó el proyecto o simplemente se cambió el color del sobre?
