Marina del Pilar Ávila Olmeda volvió a subirse al atril de la llamada “mañanera semanal” para repetir el guion que ya conocemos: investigaciones en curso, coordinación interinstitucional, respaldo absoluto a las corporaciones. Todo bajo control, dicen, mientras tanto en Tijuana ya suman cuatro casos de sujetos disfrazados de Guardia Nacional que irrumpen en domicilios con la precisión de quien sabe que el uniforme abre puertas.
El más reciente escándalo ocurrió en la colonia Hipódromo Agua Caliente, donde una pareja de médicos fue despojada de objetos de valor por hombres con indumentaria táctica similar a la de la Guardia Nacional. El video circuló en redes con más rapidez que cualquier boletín oficial. La reacción gubernamental llegó puntual, aunque predecible: contacto con la coordinación estatal, carpetas abiertas, confianza en las instituciones.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, informó que mantienen comunicación con la Guardia Nacional para determinar si hubo participación real de elementos federales. Traducción política: todavía no sabemos nada, pero tampoco descartamos nada. La Fiscalía General del Estado junto con la Fiscalía General de la República ya investigan, otra frase que se pronuncia con solemnidad automática.
El problema no es solo la posible infiltración o suplantación. El problema es la normalización, tres casos en Tijuana, uno en Tecate. Cuatro episodios que comparten modus operandi. ¿Cuántos más necesitan para admitir que existe una falla estructural en los controles, en la supervisión, en la confianza pública?
La gobernadora aseguró que el actuar de unos cuantos no puede manchar a toda la institución. El argumento es cómodo, casi institucionalizado. Nadie quiere generalizar, nadie quiere incomodar al poder federal, sin embargo cuando el uniforme deja de ser símbolo de seguridad para convertirse en herramienta de intimidación, la mancha no es individual, es sistémica.
En Baja California la inseguridad no solo se mide en estadísticas, también se mide en credibilidad. Cada conferencia repetida sin resultados tangibles erosiona un poco más la confianza ciudadana. La narrativa oficial insiste en que todo está bajo investigación, la realidad insiste en que los delitos siguen ocurriendo.
