En Baja California el agua dejó de ser un servicio público para convertirse en argumento político. El reciente debate sobre el préstamo de hasta 2 mil 960 millones de pesos aprobado por el Congreso del Estado vuelve a colocar bajo la lupa la manera en que el gobierno administra la escasez, sobre todo cuando esa escasez se traduce en deuda a 30 años.
La regidora Sandra Magaña puso el dedo en la llaga al cuestionar el destino real de los recursos. No se trata de financiar directamente las plantas desalinizadoras proyectadas para San Quintín y Playas de Rosarito, sino de pagar la infraestructura complementaria: tuberías, conexiones, redes de distribución. Es decir, el andamiaje que hará viable un modelo donde la construcción y operación quedarán en manos privadas mediante licitación internacional.
El discurso oficial habla de planeación estratégica, seguridad hídrica, visión de largo plazo. El libreto suena impecable, sin embargo, la historia reciente obliga a preguntar cuánto costará realmente cada metro cúbico desalado, quién absorberá los sobrecostos, cómo impactará en las tarifas domésticas en ciudades como Tijuana o Mexicali, donde la economía familiar ya navega entre aumentos constantes.
El financiamiento a tres décadas se presenta como mecanismo habitual para obras de gran escala, también es un candado financiero que compromete a varias administraciones futuras. La deuda no vota, tampoco reclama en conferencias mañaneras, aunque termina cobrándose con intereses. Resulta pertinente recordar proyectos anteriores de desalación en la región que terminaron envueltos en opacidad, cancelaciones costosas, cláusulas poco transparentes.
La discusión pública es saludable, aunque no basta con intercambiar posicionamientos en tribuna. La ciudadanía necesita datos completos: estudios de impacto ambiental, proyecciones tarifarias, contratos íntegros, riesgos asumidos por el Estado. Sin esa información el llamado ejercicio democrático corre el riesgo de quedarse en escenografía.
Garantizar agua es prioridad indiscutible en una entidad que depende del Río Colorado, de acuíferos sobreexplotados, de un clima cada vez más extremo. Lo que está en juego no es la necesidad de nuevas fuentes, sino la manera en que se deciden, se financian, se supervisan.
Porque en Baja California el agua es vida. La deuda, también.
