En Baja California la justicia presume tecnología, discursos de modernización, fotografías de laboratorio con batas blancas. En la realidad los peritos de Servicios Periciales en Tijuana ganan 22 mil pesos al mes. Veintidós mil para químicos, genetistas, criminalistas, ingenieros, antropólogos, psicólogos. Profesionistas con maestrías que procesan escenas de homicidio a cualquier hora, bajo riesgo real, con la presión de que un error puede tumbar un caso entero.
La Fiscalía exige precisión milimétrica, disponibilidad absoluta, vocación inquebrantable. A cambio ofrece un sueldo que apenas compite con la renta promedio de la ciudad, entre 500 y 800 dólares mensuales por un techo en Tijuana. La aritmética es cruel. La narrativa oficial todavía más.
Cuando hubo jornadas violentas el 22 de febrero, quemas de vehículos, tensión en distintos puntos del estado, ellos acudieron. No hubo comunicado celebrando su valentía. No hubo bono extraordinario. Hubo silencio administrativo.
Sin peritajes sólidos no hay imputaciones firmes. Sin evidencia científica no hay sentencias. Sin sentencias la impunidad florece. El discurso de combate al crimen se sostiene sobre la espalda de especialistas que hoy dicen basta.
La pregunta incómoda es simple: ¿cuánto vale la ciencia forense para este gobierno? Porque si el presupuesto no refleja prioridad, el mensaje es claro. Se invierte más en propaganda que en pruebas.
El llamado a la gobernadora no es capricho gremial. Es una advertencia institucional. Debilitar al área científica es debilitar la justicia misma.
