La escena resulta casi literaria: ceremonia solemne por el Día de la Bandera, discursos sobre honor, lealtad, sacrificio. Afuera, policías retirados y viudas recordando que el sacrificio no se paga con aplausos, se paga con pensiones dignas, servicios médicos, certeza jurídica, justo lo que dicen no tener.
El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, hizo lo políticamente correcto: escuchó, invitó a una mesa de diálogo, prometió explorar soluciones. Habló de un fideicomiso, de blindar apoyos para que futuras administraciones no “metan mano”. Sonó bien, siempre suena bien cuando se conjuga el verbo blindar.
El problema no es la retórica, es la aritmética moral. Queremos policías honestos, serviciales, valientes, les exigimos contención impecable cuando enfrentan a un agresor armado, pero los sancionamos con severidad cuando el uso de la fuerza incomoda a la opinión pública, incluso si su vida estuvo en riesgo. Luego, al final del turno o de la carrera, les ofrecemos pensiones que nunca llegan o que apenas alcanzan para sobrevivir. Sin seguridad social robusta, sin garantía clara para sus familias.
La pregunta incómoda es simple: ¿con qué incentivo real sale un agente activo a jugarse la vida si sabe que un error operativo puede dejar a su familia en el abandono administrativo? No se construye una corporación incorruptible con sueldos homologados a medias, con beneficios sujetos al humor presupuestal de cada trienio.
Burgueño reconoce que varios temas vienen de administraciones anteriores, tiene razón, el abandono institucional no nació ayer. También afirma que aunque algo “no competa” directamente al Ayuntamiento, buscará rutas alternas, esa es la parte interesante. Gobernar no consiste en enumerar limitaciones jurídicas sino en resolverlas.
El fideicomiso anunciado podría ser una salida seria si garantiza transparencia, reglas claras, financiamiento sostenible, si es solo una bolsa discrecional con buena intención, terminará como tantas otras: promesa archivada en la siguiente transición.
Tijuana enfrenta violencia estructural, crimen organizado, presión migratoria. Pretender policías ejemplares sin ofrecer condiciones laborales ejemplares es una fantasía cívica, no se puede exigir heroísmo permanente con contratos precarios disfrazados de vocación.
Honrar la bandera implica algo más que saludarla, implica asumir que quienes la defienden en la calle no pueden quedar desprotegidos cuando bajan el uniforme. Si la autoridad quiere corporaciones leales, primero debe demostrar lealtad institucional hacia ellas. Lo demás es discurso con eco patriótico.
