En tiempos donde un tuit puede incendiar la pradera política en cuestión de minutos, Baja California vuelve a colocarse en el ojo del huracán. Esta vez no por una obra fallida ni por un apagón administrativo, sino por una serie de acusaciones lanzadas desde redes sociales por el economista Simón Levy, quien asegura que la gobernadora Marina del Pilar estaría mencionada en una investigación judicial en Estados Unidos relacionada con René Arzate, alias “La Rana”.
Las publicaciones son explosivas, hablan de supuestos vínculos con investigaciones federales en el vecino país del norte, de dinero para campañas, de cancelación de visa. Cuando se siembra la sospecha en temas tan delicados, el silencio institucional no es prudencia, es gasolina.
Si las acusaciones son falsas, el gobierno estatal tiene la obligación de desmontarlas con documentos, no con comunicados ambiguos. Si son ciertas, la ciudadanía merece explicaciones inmediatas, no estrategias de control de daños. En Baja California ya hemos aprendido que los rumores prolongados terminan erosionando la confianza pública más que cualquier investigación formal.
Lo más preocupante no es un tuit incendiario, sino la fragilidad institucional que permite que una versión en redes tenga más peso que una postura oficial clara. En Tijuana, en Mexicali, en todo el estado, la percepción de opacidad ha sido un fantasma recurrente. Cuando la autoridad no comunica con contundencia, otros ocupan ese espacio.
El debate tampoco puede reducirse a simpatías partidistas. Aquí no se trata de defender colores, se trata de exigir transparencia. Gobernar implica rendir cuentas incluso ante señalamientos incómodos. Más aún cuando cruzan la frontera.
Mientras tanto, la conversación pública arde, las especulaciones crecen, el gobierno guarda distancia. En política, el vacío siempre se llena, a veces con datos, otras con sospechas.
