En la política mexicana no existen las coincidencias, existen los calendarios. El Gobierno federal decidió asegurar 828 millones de pesos para los Cendis operados por el Partido del Trabajo justo en la víspera de una reforma electoral que exige mayoría calificada. Nada más patriótico que garantizar guarderías cuando los votos escasean.
La escena merece aplauso por su pulcritud técnica. La SEP publica lineamientos detallados, cifras desglosadas, conceptos impecables: mantenimiento preventivo, correctivo, protección civil, pago de agua, luz, equipamiento, procesos administrativos. Todo perfectamente presupuestado, todo perfectamente oportuno. Cada Cendi recibirá al menos 2 millones de pesos, la infancia primero desde luego, sobre todo cuando esa infancia ayuda a sumar dos terceras partes en el Congreso.
El PT, dirigido por Alberto Anaya, había amagado con no respaldar la reforma si se tocaban recursos o posiciones plurinominales. La aritmética era simple: sin sus votos no hay cambio constitucional, con sus votos sí. En ese contexto aparece la bolsa multimillonaria, “amarrada” antes de que la iniciativa llegue al pleno, el verbo retrata mejor que cualquier discurso la naturaleza del movimiento.
Conviene recordar que estos centros no han sido precisamente modelos de transparencia. En 2017 se ventiló una investigación por presunto lavado de dinero a través de Cendis en Nuevo León. La entonces PGR señaló desvíos que rondaban los 100 millones de pesos, el caso se desinfló en 2018, no hubo condenas ejemplares, no hubo consecuencias políticas. La memoria institucional tiene vocación de archivo muerto cuando la gobernabilidad lo requiere.
El Gobierno puede alegar que se trata de una política social legítima, nadie discute la necesidad de educación inicial ni el apoyo a madres trabajadoras. El problema es la coreografía: recursos asegurados en plena negociación, aliado estratégico beneficiado, reforma pendiente de votos decisivos. La línea entre política pública y premio por disciplina legislativa se vuelve sospechosamente delgada.
Así funciona el pragmatismo nacional: no se compran voluntades, se “fortalecen programas”, no se intercambian apoyos, se “garantiza estabilidad”. El presupuesto deja de ser herramienta de desarrollo para convertirse en lubricante parlamentario.
Luego vendrá el discurso solemne sobre la transformación democrática, luego la narrativa de que todo se hizo por el bien del pueblo. Lo que quedará fuera del comunicado es la vieja práctica de siempre: el poder alimentando al poder con dinero público.
