Nos quieren distraer con el debate sobre listas plurinominales o con el cuento de que los partidos reciben demasiado dinero. El truco es viejo, Se agita la bandera del ahorro, se invoca la austeridad republicana, se señala a la clase política como si el problema fuera únicamente el financiamiento a los partidos politicos. Mientras tanto, la pieza clave del tablero queda expuesta: el debilitamiento sistemático del Instituto Nacional Electoral.
La reforma no es un ajuste técnico, es una primera etapa para desmantelar al árbitro. En cualquier partido de futbol nadie sensato propondría quitar al silbante para que el encuentro sea “más barato”, sin árbitro gana siempre el más fuerte, el que tiene más músculo, el que controla el balón dentro y fuera de la cancha. En política ocurre lo mismo, sin autoridad electoral robusta el poder se convierte en juez y parte.
Un árbitro debilitado abre la puerta a la operación territorial disfrazada de programas sociales, a la presión sobre funcionarios locales, al uso faccioso de recursos públicos. El discurso oficial habla de simplificación administrativa, la realidad apunta a concentración de control.
Reducir presupuesto mientras se cargan más responsabilidades no es eficiencia, es asfixia programada. Las juntas distritales no son oficinas decorativas, son el engranaje que capacita, organiza, cuenta votos, da certeza. Desmantelar esa estructura profesional equivale a reemplazar técnicos por improvisación, luego vendrá la narrativa de que el organismo no funciona, que es costoso, que estorba al proyecto transformador.
El precedente del Insabi debería bastar como advertencia, se desmontó un sistema con el argumento de que era caro e ineficiente. El resultado fue desabasto, caos, opacidad, ahora la historia amenaza con repetirse en el terreno electoral. La diferencia es que aquí lo que está en juego no son medicinas sino la voluntad ciudadana.
Quien controla al árbitro controla el resultado, esa es la jugada real.
