En la colonia Otay Universidad se volvió a abrir una discusión que parece repetirse cada cierto tiempo en el sistema educativo de Baja California: la distancia entre las decisiones administrativas y la realidad de las comunidades escolares.
La primaria federal Francisco Márquez, en su turno vespertino, se convirtió esta semana en escenario de ese choque. Padres de familia se reunieron frente al plantel ante la posibilidad de que el primer grado no sea abierto para el próximo ciclo escolar, la razón oficial apunta a criterios de matrícula, el problema surge cuando las familias aseguran que varios niños interesados ni siquiera aparecen registrados en la plataforma educativa.
Dicho de otra forma: el sistema detecta poca demanda mientras los padres afirman que el registro nunca se habilitó correctamente.
La preocupación no es menor. En Tijuana, cerrar un grupo suele ser el primer síntoma de un fenómeno más amplio: la desaparición gradual de turnos vespertinos. Primero se cancela un grado, al siguiente ciclo desaparece otro, cuando la comunidad reacciona, la escuela ya perdió medio turno.
Ante la inquietud, los padres decidieron organizarse, la protesta fue también un llamado de atención a las autoridades educativas para revisar el proceso de inscripción y garantizar que todas las solicitudes puedan ser consideradas.
En este contexto destacó el acompañamiento de la regidora del PAN, Sandra Magaña Ríos, quien acudió tras ser abordada por vecinos durante un recorrido por la zona. Su presencia permitió abrir un canal institucional para escuchar directamente a las familias afectadas.
Más allá del gesto político, el mensaje de fondo es claro: la comunidad escolar necesita certidumbre. Para muchas familias la primaria Francisco Márquez no es solo una opción educativa. Es el plantel donde ya estudian otros hijos, el lugar cercano a casa, la escuela que permite equilibrar horarios de trabajo, transporte, economía familiar.
Mover a un niño a otra escuela en Tijuana puede implicar más traslados, más gastos, más tiempo perdido en una ciudad donde la movilidad ya es complicada.
El episodio revela algo que el sistema educativo debería tomar en cuenta con mayor frecuencia: las estadísticas administrativas no siempre reflejan la realidad del barrio.
Si hay familias interesadas en inscribir a sus hijos, lo mínimo esperable es que puedan registrarlos. Después vendrá la evaluación de matrícula. Hacerlo al revés genera desconfianza.
La expectativa ahora está puesta en que las autoridades educativas revisen el caso con información completa. En educación básica cada grupo cuenta. Cada aula abierta representa una oportunidad.
En una ciudad que crece sin pausa, cerrar espacios educativos nunca debería ser la primera opción.
