Uruapan, Michoacán. —El alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, conocido popularmente como “El del Sombrero”, fue asesinado la noche del sábado durante un evento público en la plaza principal, mientras convivía con familias en el tradicional Festival de Velas.
De acuerdo con información oficial, el ataque ocurrió alrededor de las 8:00 p.m., justo después de que el edil regresara al lugar para tomarse fotografías con niños caracterizados por la noche de muertos. En ese momento, hombres armados abrieron fuego contra él, desatando el pánico entre los asistentes.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó el crimen y aseguró que ya hay dos personas detenidas y una abatida por escoltas del alcalde, quienes repelieron el ataque. Sin embargo, Carlos Manzo fue trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió minutos después a causa de seis impactos de bala.
Un funcionario municipal resultó herido durante el atentado.
La noticia ha sacudido a Michoacán y al país entero, no sólo por la brutalidad del ataque, sino por el contexto: Manzo había suplicado ayuda federal durante meses, denunciando públicamente la presencia y dominio de cárteles en la región, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.
“No quiero ser uno más en la lista de ejecutados”, había dicho en una de sus últimas transmisiones en redes sociales, donde también criticó la falta de respaldo del gobierno federal para proteger a los alcaldes michoacanos.
Manzo, quien llegó al poder como candidato independiente en las elecciones de 2024 —tras haber sido diputado federal por Morena—, se convirtió en una de las voces más firmes contra la violencia en el estado. Su asesinato ocurre exactamente un año después del homicidio del periodista Mauricio Cruz Solís, ocurrido en la misma plaza y minutos después de haberlo entrevistado en vivo.
La ironía duele: el alcalde que pedía protección terminó abatido frente a su pueblo, en una ciudad donde la vida pública se ha convertido en un acto de valor.
Mientras las autoridades estatales presumen detenciones “inmediatas”, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos funcionarios más deberán morir para que el gobierno federal entienda que la violencia no se combate con discursos, sino con presencia y justicia?
Uruapan hoy llora a su alcalde, y México suma otro nombre más a la lista que él mismo temía integrar.
