Tijuana B.C..- La Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco expresó este martes una profunda preocupación ante la propuesta impulsada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, quien planteó la posibilidad de reabrir el caso FEMSA, un expediente que jurídicamente ya había alcanzado la etapa de cosa juzgada. La presidenta del organismo, la licenciada Estefanía Campos García, advirtió que esta acción representa un riesgo directo para la estabilidad del sistema jurídico mexicano.
Campos García explicó que el concepto de cosa juzgada es fundamental en cualquier sistema de justicia, pues otorga certeza y un cierre definitivo a los procesos legales. “Cuando un juicio llega a su conclusión y alcanza la etapa de cosa juzgada, significa que el asunto ya no puede volver a abrirse, que tuvo un cierre definitivo y que las partes pueden tener certeza jurídica sobre el resultado”, señaló. Revertir esa condición, dijo, no solo afecta a una empresa en particular, sino a toda la ciudadanía que confía en que sus propios procesos no serán reabiertos arbitrariamente.
Desde la Barra de Abogadas se considera especialmente preocupante que un órgano jurisdiccional pueda modificar decisiones que ya eran firmes. Según explicaron, el respeto a la legalidad implica que las reglas deben ser claras, estables y aplicarse de forma igualitaria para todas las personas. Cuando después de concluir un proceso se cambian las condiciones o se reabre un expediente, se genera incertidumbre, se debilita la certeza jurídica y se vulnera la previsibilidad necesaria para acceder a la justicia.
“Como Barra de Abogadas consideramos que un Estado de Derecho sólido depende de que las resoluciones definitivas se respeten. Si un asunto que ya había terminado puede ser reabierto, ¿qué garantía tiene la sociedad de que sus propios procesos no puedan volverse a abrir en el futuro?”, cuestionó la presidenta del organismo.
Finalmente, reiteraron su llamado a que las decisiones judiciales se mantengan dentro del marco constitucional, respetando estrictamente los principios de legalidad, caducidad y cosa juzgada, pilares esenciales que sostienen la confianza pública en las instituciones. La Barra subrayó que el impacto de esta posible reapertura trasciende lo jurídico y afecta directamente la certidumbre económica, social y política del país.
