En Tijuana, un grupo de estudiantes descubrió de la peor manera que su título de preparatoria era tan auténtico como un billete de tres pesos, pagaron durante semanas cuotas semanales, más un “paquete premium” de 5 mil 500 pesos por un certificado que la Secretaría de Educación Pública no reconoce, la historia es indignante, pero lo que resulta imperdonable es el silencio de las autoridades que, supuestamente, deberían vigilar y prevenir este tipo de fraudes.
La pregunta es simple: ¿cómo es posible que un hombre monte una escuela fantasma, reclute alumnos, cobre cuotas, entregue documentos falsos y promueva su “servicio educativo” en varias colonias de Tijuana sin que nadie en la Secretaría de Educación del Estado se entere? ¿Qué tan ciegos hay que ser para no detectar un esquema de estafa que operaba a plena luz del día?
Mientras los padres hacen malabares para pagar los estudios de sus hijos, el gobierno mantiene un aparato burocrático pesado y costoso que se supone debe supervisar instituciones privadas. Sin embargo, la SEP estatal aparece siempre como juez de ocasión: no vigila antes, pero sí levanta las manos después para aclarar que “esa escuela no estaba reconocida”, ¿De qué sirve ese sello de invalidez si se coloca solo cuando el daño ya está hecho?
Las víctimas, como era de esperarse, ahora tienen que perder tiempo en trámites legales y ruegos para que la Fiscalía no deje libre al presunto responsable. Porque si algo sabemos en Baja California es que el delincuente común corre más riesgo que el estafador de cuello blanco, ese que siempre encuentra resquicios para salir por la puerta de atrás del sistema judicial.
Mientras tanto, el fraude sigue replicándose en colonias periféricas. No es un caso aislado ni un descuido menor: es la prueba de que en materia educativa las autoridades locales se han conformado con administrar papeles, no con garantizar derechos.
En un estado donde la deserción escolar es alarmante, el mínimo compromiso oficial debería ser blindar a las familias contra este tipo de engaños. Pero claro, para eso se necesitaría un gobierno que vigile en serio, no uno que llegue siempre tarde al crimen ya consumado.
