Cuando muchos creían que los señalamientos por corrupción en el sector salud habían quedado atrás, el gobierno estatal vuelve a encender los reflectores sobre una serie de contratos que dejaron más dudas que certezas. Esta vez, el exsecretario de Salud, Óscar Alonso Pérez Rico, junto a dos excolaboradores cercanos, se encuentra de nuevo bajo la lupa judicial.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó ante un juez de Control una nueva carpeta de investigación por la adjudicación directa e indebida de tres contratos cuyo valor supera los 15 millones de pesos. En esta ocasión, junto a Pérez Rico, también son señalados Miguel Ángel Marín Cardone y Gerardo Abdiel Contreras Hernández, ambos con cargos administrativos clave durante el sexenio de Jaime Bonilla.
Aunque la defensa solicitó una prórroga del término constitucional, la audiencia de vinculación quedó agendada para el próximo 15 de diciembre. Esta imputación se suma a la que apenas el pasado 8 de diciembre derivó en la vinculación a proceso de Pérez Rico y Contreras Hernández por contratos que sumaban más de 39 millones de pesos con la empresa ArsaLAB.
Fuentes judiciales revelaron que hay al menos tres audiencias más programadas para exfuncionarios de ISESALUD durante la próxima semana, derivadas de expedientes elaborados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Desde su llegada, la gobernadora Marina del Pilar Ávila ha insistido en revisar a fondo los manejos del pasado. “A quien le quede el saco, que se lo ponga”, habría dicho semanas atrás en una comparecencia pública, en alusión directa a la herencia administrativa del exgobernador Bonilla.
Hoy, la narrativa de justicia vuelve a tomar fuerza en el discurso oficial, mientras que quienes en su momento ocuparon cargos de poder comienzan a desfilar por los tribunales. Bonilla Valdez, quien ya se sentía libre de polvo y paja, ve cómo los tentáculos de la justicia comienzan a tocar a sus más cercanos operadores. La pregunta es: ¿hasta dónde llegará esta limpieza institucional?
