En Tijuana la educación pública está en paro mientras el espectáculo sigue en cartelera. Padres de familia de la Secundaria 17 Bicentenario de la Nación mantienen tomadas las instalaciones desde el 9 de febrero, no exigen lujos, piden maestros, no reclaman auditorios nuevos, piden que alguien dé clase. La respuesta oficial ha sido una cita para el 6 de marzo. La educación puede esperar, parece.
La escena resulta obscena. Hay presupuesto para conciertos masivos, para campañas de comunicación social que inundan espectaculares con sonrisas oficiales, para becas que se anuncian con bombo político. Pero docentes no alcanza, para pagar a quienes sostienen el sistema educativo, tampoco.
José Guillermo Espinoza, presidente de la asociación de padres, lo dijo sin rodeos: si no hay solución podrían impedir el acceso al concierto de Carín León. La amenaza no surge del capricho, surge de la desesperación. Cinco secundarias en la Zona Este están en la misma condición, cientos de adolescentes sin clases, días perdidos que nadie va a reponer con discursos.
El gobierno presume compromiso con la educación mientras administra la escasez como si fuera estrategia, se normaliza que falten maestros, se minimiza el impacto, se promete una mesa de trabajo. La narrativa oficial habla de transformación, en las aulas vacías la transformación es silencio.
En Baja California la prioridad parece clara: el aplauso rinde más que la formación, el evento luce más que el pizarrón, la foto vende más que el profesor frente a grupo.
Cuando la autoridad obliga a los padres a cerrar escuelas para ser escuchados algo está profundamente torcido.
