Mexicali, B.C., 23 de octubre de 2025.– El Congreso de Baja California obtuvo su primera victoria judicial en la controversia promovida por empresarios dueños de estacionamientos que buscan revertir la reforma que obliga a otorgar 40 minutos gratuitos a los usuarios en centros comerciales y establecimientos públicos.
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) resolvió desechar parcialmente las demandas de amparo interpuestas por los concesionarios, al considerar que el Congreso actuó dentro de sus atribuciones constitucionales al modificar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, la cual establece la gratuidad temporal en el uso de los estacionamientos como un derecho ciudadano y medida de protección al consumidor.
De acuerdo con fuentes legislativas, este fallo representa un precedente favorable para el Poder Legislativo estatal, que ha defendido la constitucionalidad de la norma aprobada en marzo de 2024, la cual generó una fuerte oposición por parte de empresarios que argumentan afectaciones económicas y pérdida de autonomía comercial.
La diputada Morayma Rojas, presidenta de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, celebró la resolución del tribunal y afirmó que la ley busca proteger el bolsillo y los derechos de las y los bajacalifornianos.
“Esta resolución confirma que la ley se hizo conforme a derecho y con sentido social. Los estacionamientos no pueden seguir cobrando tarifas injustas por minutos de tolerancia o por simples visitas rápidas. Es un paso a favor de la gente”, sostuvo la legisladora.
La reforma, aprobada por unanimidad, obliga a todos los estacionamientos de Baja California —públicos o privados— a otorgar 40 minutos sin costo, siempre que los usuarios realicen alguna actividad dentro del establecimiento. La medida fue impulsada por legisladores de Morena, con el respaldo de organizaciones ciudadanas que exigían poner fin a los cobros considerados “abusivos”.
Empresarios del sector, por su parte, han advertido que continuarán la batalla legal ante instancias federales, argumentando que la medida vulnera la libre competencia y representa un golpe a la viabilidad económica de cientos de negocios.
Pese a ello, el Congreso local reiteró que la reforma busca equilibrar los intereses empresariales con el derecho de los consumidores y garantizar espacios más accesibles para la ciudadanía.
Con esta decisión judicial, Baja California se perfila como uno de los primeros estados del país en consolidar una legislación de movilidad con enfoque social y ciudadano, marcando un precedente que podría replicarse en otras entidades.
