En un paso significativo hacia la protección de los derechos ciudadanos, Baja California ha dado un ejemplo de sensibilidad social al establecer que, a partir de septiembre de 2025, los municipios no podrán cobrar por concepto de arrastre, almacenamiento o maniobras cuando un vehículo robado sea recuperado por su propietario, esta medida coloca en el centro de la atención a la víctima, reconociendo que ya ha atravesado una situación adversa y no debe afrontar cargas adicionales para recuperar su patrimonio.
La disposición establece condiciones claras y sencillas: el afectado debe haber presentado la denuncia correspondiente dentro de las primeras 72 horas tras el robo y mostrar tanto la constancia oficial de dicho reporte como el documento de liberación del vehículo, con ello se genera un procedimiento ágil y transparente que no solo ofrece certidumbre jurídica, sino que también fortalece la confianza en las instituciones de seguridad y justicia.
El sustento legal de esta medida se encuentra en la reciente reforma al Código Penal del estado, aprobada por el Congreso de Baja California, sin embargo hay que destacar que algunos municipios habían mostrado ya un espíritu de empatía y previsión, tal es el caso de Tijuana, cuyo cabildo aprobó en agosto una reforma para exentar a las víctimas del pago de corralón y arrastre, siempre que la recuperación del vehículo ocurriera dentro de los tres días posteriores al robo. Este antecedente refleja un interés creciente en los gobiernos locales por acercar la justicia a la vida cotidiana de las personas.
Durante el debate legislativo, el diputado Diego Lara presentó una reserva que aseguró la coordinación municipal en la aplicación de esta reforma, solicitando que los ayuntamientos incorporen la disposición en sus leyes de ingresos, esta acción aparentemente técnica, es en realidad clave para garantizar que la medida no quede en el papel, sino que tenga efectos reales y tangibles en beneficio de los ciudadanos.
Más allá del aspecto normativo, esta decisión refleja un compromiso colectivo con la justicia y la solidaridad, cada vehículo recuperado sin cargas económicas adicionales significa una familia que respira con alivio, un trabajador que puede continuar con sus actividades o una persona mayor que recupera su tranquilidad.
Baja California, con esta reforma, envía un mensaje claro: la seguridad y la dignidad de las personas deben estar por encima de los trámites y de las tarifas. Se trata de una muestra de cómo la coordinación entre Congreso, municipios y ciudadanía puede traducirse en soluciones concretas, alentando un clima de confianza y cooperación que fortalece el tejido social.
