La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la democracia en México está a salvo, lo dice con la serenidad de quien presenta un trámite administrativo, no una cirugía mayor al sistema electoral. Según su versión, la reforma que enviará al Congreso no implica retroceso alguno, por el contrario, asegura que fortalece la representación, elimina privilegios, depura excesos. Suena impecable, demasiado impecable.
El argumento central descansa en la eliminación de las listas plurinominales en Senado y Cámara de Diputados. La narrativa oficial presenta esta medida como un acto de justicia popular contra las cúpulas partidistas. Sin embargo, la representación proporcional nació para evitar que las mayorías arrasen con todo. Fue un dique frente al monopolio político, quitar ese contrapeso bajo la bandera de austeridad puede resultar conveniente para quien hoy ostenta el poder.
Sheinbaum insiste en que no existe afectación al clima de inversiones, como si el mercado midiera estabilidad democrática con boletines de prensa. La certidumbre jurídica no se decreta, se construye con reglas claras, árbitros fuertes, competencia real, cualquier reforma que toque el sistema electoral debería partir del consenso amplio, no de la mayoría automática.
En Baja California sabemos lo que significa una reforma cocinada desde arriba. Tijuana y Mexicali han sido laboratorios de decisiones opacas, consultas simuladas, mayorías disciplinadas, el discurso siempre promete modernización pero en la práctica suele traducirse en concentración de poder.
La presidenta plantea que el mandato popular respalda la iniciativa. El voto otorga legitimidad para gobernar, no carta blanca para rediseñar el tablero a conveniencia. La democracia no solo se mide en urnas, también se mide en pluralidad, equilibrio, reglas que protejan a las minorías.
Llamar “compromiso cumplido” a una reforma controvertida no elimina sus riesgos. El poder suele convencerse de que cualquier crítica proviene de intereses oscuros, hay veces proviene de ciudadanos que recuerdan que las instituciones existen para limitar excesos.
En política, cuando alguien repite que no hay motivo para preocuparse, conviene preocuparse el doble.
