Tijuana, B.C.— Un reporte ciudadano difundido en redes sociales encendió alertas sobre presuntas extorsiones de agentes policiales a automovilistas que ingresan a México por la garita de San Ysidro. En el testimonio, una mujer afirma que su padre—adulto mayor que cruza con frecuencia para recibir tratamiento de diálisis—ha sido detenido en múltiples ocasiones y presionado con el remolque del vehículo por supuestas infracciones, situación que desembocó, en al menos dos episodios, en pagos en efectivo de entre 2 y 3 mil pesos.
“Lo paran, le dicen que cometió una infracción y que remolcarán su carro… las primeras dos veces le robaron; en la tercera y cuarta se defendió y lo dejaron ir”, expuso la denunciante, añadió que un caso similar habría ocurrido con otra familiar y describió el proceder como “robo y acoso”, asegurando que “es algo de todos los días”.
Ante la publicación, la Síndica Procuradora de Tijuana, Teresita Balderas, respondió de manera pública con un llamado a denunciar formalmente para activar los procesos de investigación y sanción administrativa correspondientes, “Gracias por compartirlo, te pedimos por favor presentar tu denuncia formal en la Sindicatura Procuradora para poder investigar y sancionar a quien corresponda”, señaló.
La funcionaria puso a disposición tres vías para ingresar la queja:
- Ventanilla de la Sindicatura Procuradora,
- Portal en línea: sindicatura.gob.mx,
- Correo electrónico: quejas.spm@sindicaturatijuana.gob.mx.
“¡No dejes pasar el tiempo! Estamos para proteger tus derechos y dar seguimiento a tu caso”, subrayó Balderas, remarcando que las acusaciones requieren nombres, placas, hora, lugar, narrativa de hechos y de ser posible, fotos, video o recibos que ayuden a identificar a los servidores públicos involucrados.
Especialistas consultados de manera extraoficial señalan que, en términos generales, ante una detención de tránsito el ciudadano tiene derecho a conocer la infracción exacta, solicitar identificación y número de placa del agente y rechazar pagos en efectivo fuera de los mecanismos oficiales. Además, se recomienda documentar el incidente y si la situación lo permite, solicitar la presencia de un supervisor.
La Sindicatura recordó que toda conducta irregular de servidores públicos municipales puede ser denunciada y que las quejas formales permiten abrir expedientes, recabar evidencias y determinar responsabilidades. En caso de acreditarse los hechos, proceden sanciones administrativas e incluso vinculación con autoridades penales si existiera posible comisión de delito.
Mientras se integran los elementos del caso, colectivos ciudadanos exhortaron a quienes transitan por la zona a preservar la calma, no entregar efectivo y utilizar los canales de denuncia disponibles. El objetivo, coincidieron, es romper la impunidad y fortalecer la confianza en las instituciones mediante el uso de los mecanismos de control y rendición de cuentas.
