De pronto resulta que cuestionar la desaladora es casi un acto de negación, se nos dice que el mundo entero las construye, que el agua no alcanza, que la tecnología es la única tabla de salvación para una Baja California sedienta. Todo eso puede ser cierto, nadie discute que el consumo humano exige soluciones serias ni que el mar es una fuente disponible frente a nuestras costas.
El problema no es la desoladora, el problema es el contexto político en el que se inserta. La planta será financiada por capital privado tras una licitación internacional, empresas que arriesgan miles de millones con la esperanza de recuperar su inversión en décadas. Hasta ahí el discurso suena impecable, casi didáctico.
La alarma comienza cuando el gobierno estatal, tan urgido como siempre, anuncia que necesita otros 5 mil millones de pesos en préstamo. Si la obra no le cuesta un peso a los bajacalifornianos entonces ¿para qué hipotecar el futuro? La respuesta: son las adecuaciones, obras complementarias, expropiaciones, vialidades, conexiones. Palabras técnicas que suelen ser sinónimo de cheques en blanco.
Ahí está el verdadero foco rojo, no existe claridad sobre el costo real de los terrenos a expropiar, no hay reglas públicas que garanticen que las obras adicionales no se inflen tres veces su valor. Tampoco se observa un esquema sólido de supervisión independiente que revise calidad de materiales ni cumplimiento de plazos. La experiencia local en infraestructura no invita al optimismo.
Mexicali conoce bien las historias de proyectos que arrancan con cifras moderadas y terminan convertidos en monumentos al sobrecosto, Tijuana ha visto obras inauguradas con bombo oficial que pocos años después requieren reconstrucción. La desaladora puede ser necesaria, lo que no es necesario es repetir la vieja fórmula de endeudamiento opaco con beneficios concentrados.
No se trata de satanizar el agua convertida en potable, se trata de evitar que la sed ciudadana se convierta en pretexto para negocios paralelos. El mar puede ser infinito, la paciencia de los contribuyentes no.
