Hace apenas unos días la gobernadora Marina del Pilar presumía su programa “Desayuno para Todos”, con la promesa de que cada niño en escuelas públicas tendría un alimento nutritivo y gratuito, un logro social dijo, casi de nivel histórico. La postal fue perfecta: sonrisas, uniformes, fotos para redes. Sin embargo, la realidad no tarda en atravesar la propaganda, hoy decenas de estudiantes de la primaria Lázaro Cárdenas resultaron intoxicados tras comer tinga de pollo en el plantel.
La pregunta es inmediata: ¿quién supervisa la calidad de esos alimentos? ¿Quién certifica la higiene en la preparación y el estado de los productos que llegan a las escuelas? Porque si la respuesta es “nadie”, entonces lo que el gobierno celebra como conquista social puede convertirse en un riesgo masivo para la salud infantil.
El tema no es menor, los programas alimenticios en escuelas tienen larga historia en México, pero también arrastran sospechas de corrupción, en muchos casos los contratos para proveer alimentos se reparten entre empresas amigas del poder, sin criterios claros de calidad ni transparencia en los procesos de compra. En Baja California no se ha explicado cómo se eligen a los proveedores ni bajo qué estándares operan y mientras esa opacidad persista, los más vulnerables (los niños) serán los que carguen con las consecuencias.
El episodio de la Lázaro Cárdenas no debe verse como un accidente aislado, es un síntoma de la falta de control, el gobierno estatal corre a presumir el programa cuando hay aplausos, pero cuando ocurre una tragedia responde con comunicados vagos y promesas de “investigar”. Investigaciones que casi nunca concluyen en sanciones, mucho menos en cambios estructurales.
La pregunta para la gobernadora es sencilla: ¿seguirá usando este programa como escaparate político o garantizará que sea realmente seguro? Porque un desayuno escolar no puede convertirse en ruleta rusa alimenticia. La confianza de los padres no se gana con videos en redes, se gana con supervisión, transparencia y responsabilidad.
