Mexico.- La mañana del viernes, el exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México, Isidro Pastor Medrano, fue aprehendido por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) mientras se desplazaba en su vehículo en pleno centro de Toluca. Según fuentes oficiales consultadas por el medio Latinus, la detención obedece a una investigación por la presunta adquisición de una propiedad millonaria y el depósito de recursos sin justificación legal.
De acuerdo con el reporte publicado, Pastor Medrano habría comprado en 2013 un inmueble valuado en alrededor de 40 millones de pesos, cifra que forma parte del expediente federal que investiga si el origen del dinero fue lícito o si existen vínculos con operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se le atribuyen depósitos bancarios cuyo origen no ha sido acreditado por las autoridades.
El exmilitante priista tiene una trayectoria de más de cuatro décadas en la política mexiquense. Fue diputado local durante la administración de Arturo Montiel, ocupó la presidencia del PRI en el Estado de México y fungió como secretario de Desarrollo Metropolitano y luego como secretario de Movilidad bajo el gobierno de Eruviel Ávila.
Hasta el cierre de esta edición, no se han presentado versiones oficiales ampliadas por parte de la FGR o del PRI nacional. No obstante, fuentes internas señalan que la medida fue ejecutada conforme a protocolos federales. La detención vuelve a poner bajo los reflectores la corrupción política en el Estado de México, entidad que ha sido escenario de investigaciones por malos manejos de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.
La aprehensión de Pastor Medrano también coincide con un periodo crítico para el PRI, que enfrenta pérdida de militancia y credibilidad en varios estados. La FGR anunció que continuará con la investigación para determinar responsabilidades legales, posibles inmovilizaciones de bienes y definir si se presentarán cargos formales en su contra.
Este caso amplía la atención nacional sobre la revisión del patrimonio de exfuncionarios y la exigencia ciudadana de contar con transparencia y rendición de cuentas, particularmente en espacios donde el poder político ha acumulado recursos importantes durante años.
