En Baja California la deuda pública ya no se anuncia, se normaliza. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha convertido el endeudamiento en política de Estado. Ahora pretende contratar casi 3 mil millones de pesos más para obras vinculadas a la desaladora de Rosarito. El argumento suena noble: garantizar agua, el problema no es el discurso, es la letra chiquita.
El Partido Acción Nacional en Baja California exhibió una cadena de créditos que, sumados, superan los 31 mil millones de pesos a pagar en plazos que alcanzan tres décadas. Treinta años hipotecando el futuro mientras se repite que “no habrá impacto”. Curioso concepto de impacto: el agua ya subió, el impuesto sobre la nómina es el más alto del país, la seguridad sigue en crisis.
Fosas, silencio oficial y prioridades torcidas
Mientras colectivos localizan más de 35 cuerpos en Mexicali, el gobierno se deslinda con la facilidad de quien se lava las manos. La fiscal aparece en eventos públicos junto a la mandataria, pero cuando surgen las fosas nadie sabe nada de ellos, la responsabilidad se diluye como si fuera un trámite administrativo.
En paralelo, el Congreso aprueba créditos en tiempo récord. Créditos “menores” que, cuando se suman, dejan de serlo, créditos respaldados con el impuesto sobre la nómina, con cláusulas que impiden reducirlo en el futuro. Es decir, se ata de manos a legislaturas venideras para garantizarle tranquilidad al banco, para el ciudadano, ninguna garantía similar.
El agua como bandera, la opacidad como método
Se insiste en que la desaladora es urgente, puede serlo, lo que no es urgente, al parecer, es transparentar contratos ni reducir el gasto en comunicación oficial o escoltas de lujo. El llamado Bono Verde ya se utilizó para infraestructura cuestionable, ahora viene el segundo acto de la misma obra.
El secretario de Hacienda compara escenarios hipotéticos del pasado para justificar la deuda actual. La vieja táctica de culpar al “hubiera”, la realidad es menos filosófica: cada crédito se paga con recursos públicos, recursos que salen del bolsillo de quienes enfrentan tarifas más altas, menos inversión productiva, más incertidumbre.
La deuda no es pecado en sí misma, pero lo es cuando se convierte en costumbre sin rendición de cuentas, Baja California necesita agua, seguridad, inversión. Lo que no necesita es otro cheque en blanco firmado en nombre de todos.
