CDMX.- Un conato de bronca marcó la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados durante la discusión en lo particular de la nueva Ley de Aguas Nacionales, luego de que legisladores del PRI y PAN exigieran a Morena y sus aliados presentar la consulta a pueblos y comunidades indígenas que, por ley, debe realizarse antes de modificar regulaciones que afectan sus territorios y recursos.
La tensión escaló cuando, en medio de reclamos y gritos, los diputados de oposición cuestionaron repetidamente al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, solicitándole que mostrara la evidencia de dicha consulta. Visiblemente molesto, Monreal terminó admitiendo que la consulta no existe, lo que desató protestas airadas en el recinto.
Pese al señalamiento de esta omisión —que constitucionalmente es indispensable para reformas relacionadas con recursos naturales— Morena y los grupos aliados continuaron con el trámite legislativo y aprobaron la ley en lo general.
La oposición acusó al partido oficial de “violentar el proceso legislativo” y de “traicionar a los pueblos originarios”, mientras que en el exterior organizaciones campesinas y agrícolas mantenían su rechazo a la reforma, argumentando que vulnera derechos adquiridos y pone en riesgo la seguridad hídrica de las regiones productivas.
Durante su intervención, diputados del PRI, PAN y MC recordaron que la Suprema Corte ha invalidado reformas previas por no cumplir con la consulta indígena previa, libre e informada, y advirtieron que esta nueva ley podría seguir el mismo destino.
La tensión en el pleno llevó a que el personal de resguardo reforzara la seguridad alrededor de la tribuna, ante la posibilidad de que la confrontación escalara.
A pesar del ambiente crispado, la mayoría oficialista mantuvo el avance del dictamen, enviándolo a su discusión en lo particular y dejando claro que la aprobación general no se detendría, incluso ante la presión política, social y jurídica que enfrenta.
Mientras tanto, organizaciones campesinas anunciaron que continuarán movilizadas y que evaluarán nuevas acciones si el Senado no corrige lo que consideran una reforma aprobada “sin consensos y sin escuchar a quienes dependen del agua para vivir”.
