En la política mexicana hay cargos que deberían incomodar al poder. La Auditoría Superior de la Federación es uno de ellos. Su función no es adornar informes ni acompañar ceremonias legislativas. Su tarea consiste en revisar el uso del dinero público, señalar irregularidades, exhibir desvíos. Por esa razón cada elección del titular debería ser un momento de vigilancia democrática. En la práctica suele convertirse en otra negociación política dentro del Congreso.
La reciente discusión sobre el apoyo del PAN para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior vuelve a colocar ese dilema sobre la mesa. Las declaraciones de Marko Cortés no solo reflejan tensiones internas dentro de su partido. También revelan algo más profundo: la incomodidad que provoca la idea de respaldar un nombramiento que podría terminar alineado con las mayorías legislativas. Cuando la designación de un auditor se decide mediante acuerdos partidistas, el riesgo es evidente. El vigilante del gasto público puede terminar siendo producto de la misma lógica política que debería supervisar.
La paradoja resulta evidente. La Auditoría existe para revisar el comportamiento financiero del poder político. Sin embargo su titular es elegido precisamente por ese mismo poder político. El proceso legislativo debería garantizar independencia técnica, trayectoria sólida, distancia clara frente a los gobiernos en turno. En cambio, el debate suele centrarse en cuotas, respaldos parlamentarios, cálculos electorales que poco tienen que ver con la fiscalización.
Las críticas que surgen desde la oposición son previsibles. También forman parte de un guion conocido. Cuando un partido se encuentra fuera del control legislativo exige independencia absoluta para el órgano auditor. Cuando ese mismo partido forma parte de las mayorías suele mostrarse mucho más flexible frente a los acuerdos políticos. Esa elasticidad discursiva explica por qué la discusión aparece una y otra vez cada vez que se renueva el cargo.
El problema no es solo quién encabece la Auditoría. El problema es la cultura política que rodea su designación. Mientras el proceso siga siendo percibido como un reparto de influencias, cualquier informe futuro quedará bajo sospecha. La fiscalización pierde credibilidad cuando su origen nace de negociaciones opacas.
La Auditoría debería ser un contrapeso incómodo. Si el poder se siente demasiado cómodo con quien la dirige, entonces algo en el sistema de vigilancia dejó de funcionar.
Cuando el vigilante nace de un acuerdo político, la lupa suele volverse más pequeña.
Redaccion Noticias Contraste BC
