El Senado se sacudió cuando la legisladora panista Lilly Téllez presentó videos que presuntamente vinculan al morenista Adán Augusto López, coordinador de su bancada y exgobernador de Tabasco, con una red de empresarios favorecidos con contratos millonarios durante gobiernos de Morena. Lo que siguió fue una escena típica del oficialismo: censura, prisa y silencio.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, ordenó interrumpir la proyección del video, mientras la morenista Simey Olvera pedía “moción de orden”. En otras palabras, el Senado actuó como tapadera exprés, pero Téllez no se detuvo y difundió la grabación en redes sociales.
En los videos aparece Carlo Padilla, empresario de Grupo Cocei, presumiendo sus nexos con Adán Augusto López, en su propio testimonio asegura que sus empresas (entre ellas FMedical y Línea Médica del Sur) obtuvieron contratos millonarios durante la pandemia por su cercanía con el entonces gobernador de Tabasco, “El señor Adán, Adán Augusto, era el que nos contrataba”, dice, mientras muestra su foto en el celular.
El escándalo no termina ahí. En otro fragmento, el empresario presume tener relación directa con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, e incluso afirma haber llevado personalmente 10 millones de pesos en efectivo desde la Ciudad de México hasta el estado, “para un proyecto hospitalario”, una afirmación gravísima que huele a corrupción, tráfico de influencias y financiamiento ilegal.
Grupo Cocei, según la propia grabación, opera un entramado de empresas en México y Estados Unidos dedicadas a contratos de salud pública y obras médicas. Los nombres se repiten en distintos gobiernos morenistas, los contratos también.
Mientras el oficialismo insiste en “no politizar el asunto”, lo que se ve y se escucha no es política: es dinero, poder y favores cruzando carreteras con escolta del silencio.
