CDMX .-La diputada morenista y exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, acaba de recibir un golpe que su partido intenta minimizar, pero que pone en evidencia el nivel de podredumbre que se filtra en los gobiernos de la llamada “cuarta transformación”. Un juez federal decidió mantener el bloqueo de sus cuentas bancarias, atendiendo la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras una alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la vincula con un operador del Cártel de Sinaloa.
No se trata de un rumor ni de guerra sucia, es una acción formal, con sustento en información internacional, Washington detectó operaciones financieras sospechosas relacionadas con actividades ilícitas y la UIF actuó en consecuencia. Mientras tanto, en Baja California, el silencio es elocuente, Morena prefiere fingir que no pasa nada, igual que cuando se descubren contratos turbios o vínculos incómodos entre funcionarios y personajes del crimen organizado.
Hilda Brown, que alguna vez prometió un “Rosarito honesto y transparente”, hoy representa la ironía de una clase política que presume ética y termina enredada en el mismo lodo que dice combatir, su caso no es aislado. Es el reflejo de un partido que perdió la brújula moral y confunde impunidad con lealtad partidista.
El juez mantuvo el congelamiento de cuentas por una razón: hay indicios graves. Lo menos que debería hacer Morena es separar a Brown de su bancada mientras se esclarecen los hechos, pero la historia reciente muestra que el partido de la regeneración nacional protege a los suyos, aunque el fango les llegue al cuello.
Si la 4T llegó para limpiar la corrupción, este episodio demuestra que el detergente se acabó hace rato. Rosarito, Tijuana y Mexicali se están volviendo escenarios de un mismo guion: poder, dinero y complicidades que cruzan la frontera sin pasaporte.
