Por más que quieran disfrazarlo de “malentendido” o “casualidad empresarial”, lo que aparece en la actualización de la OFAC del 18 de septiembre no es un detalle menor: Jorge Arturo Rojas Navarro, socio en empresas de José Galicot Behar, figura en el corazón de un esquema que, según las autoridades de Estados Unidos, sirvió para lavar millones de dólares al Cártel de Sinaloa.
El nombre de Rojas Navarro puede no sonar tan fuerte como el de Galicot el eterno promotor de Tijuana, con su aura de benefactor cultural y de “ciudadano modelo”, pero aquí lo importante no es la fama, sino la función y Jorge Rojas no aparece como un simple adorno en los registros mercantiles: es un engrane con poder de firma y control en varias de las sociedades mercantiles ahora bajo sospecha.
En Baja California tenemos la mala costumbre de sorprendernos cada vez que un empresario respetable resulta estar a dos pasos de la delincuencia organizada, cuando en realidad la frontera ha sido un terreno fértil para esa sociedad de conveniencia: dinero legal que se mezcla con el ilegal, inversiones que se blanquean bajo el sol de Rosarito y empresas que en el papel parecen dedicarse a lo más inocente, mientras por debajo sirven como lavanderías de lujo.
Que Rojas Navarro aparezca en esta red no es un accidente: es el recordatorio de que el dinero del narco no flota solo en maletas de efectivo ni se esconde únicamente en ranchos sinaloenses. Se incrusta en sociedades anónimas, inmobiliarias playeras y desarrollos turísticos que gozan de cabida en el circuito empresarial “respetable” de todo México.
Lo más grave no es la existencia de un Rojas Navarro en la foto, sino el silencio que rodea estos vínculos, porque mientras en Estados Unidos se actualizan listas negras, en Baja California el discurso oficial se limita a hablar de “Tijuana innovadora” y de “ciudad de oportunidades”. Nadie en el poder parece tener interés en explicar cómo es que personajes de este calibre lograron incrustarse en la élite empresarial sin que nadie (ni gobiernos ni cámaras) alzara la voz.
El caso Rojas Navarro desnuda el verdadero rostro de esa frontera “emprendedora” que tanto se presume: una ciudad donde la delgada línea entre el empresario y el lavador de dinero no solo se cruza, sino que se normaliza. Y mientras tanto, los políticos callan. Porque en esta frontera, lo que incomoda se tapa con discursos, pero no se limpia con justicia.
