Ciudad de México, 14 de noviembre de 2025.— La diputada federal Evangelina Moreno demandó voluntad política, coordinación interinstitucional y acciones inmediatas en Baja California para acelerar la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), una reforma histórica que transformará por completo la justicia civil y familiar en México.
Durante la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, la legisladora presentó un Punto de Acuerdo dirigido al Congreso local, al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y al Gobierno de Baja California, en el que solicita la elaboración urgente de un plan integral de implementación ante la cercanía del plazo legal, que concluye el 1 de abril de 2027.
Moreno explicó que este proceso inició en 2017, cuando se reformó la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar. Posteriormente, el 7 de junio de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dio vida al CNPCF. Desde entonces, su entrada en vigor se estableció como gradual, condicionada a declaratorias federales y estatales para una transición ordenada.
La diputada subrayó que la reforma implica la modernización completa de la operación judicial, sustentada en herramientas tecnológicas como expedientes digitales, oficialías virtuales, juicios en línea, videograbación de audiencias y mecanismos de justicia abierta, lo que permitirá homologar criterios procesales y garantizar un acceso más eficiente a la justicia.
En el caso de Baja California, la urgencia es evidente: en 2023 se registraron 9,964 asuntos civiles, familiares y mercantiles, cifra que demanda infraestructura adecuada, personal capacitado y procesos actualizados. Moreno enfatizó que la transición requerirá nuevas salas de audiencia, equipamiento tecnológico, capacitación especializada y suficiencia presupuestaria.
La diputada reconoció avances en la entidad, como la creación del Comité de Implementación del CNPCF por parte del Poder Judicial y la instalación de la Comisión de Justicia Especial en el Congreso local. Sin embargo, señaló que los tiempos apremian: “El Código no puede esperar; su implementación es indispensable para garantizar una justicia moderna, transparente y eficiente para las y los bajacalifornianos”, afirmó.
El Punto de Acuerdo exhorta a los tres poderes estatales a presentar un plan conjunto, tomando como referencia las entidades del país que ya han avanzado en esta transición, y garantizando que Baja California cumpla en tiempo y forma con la reforma judicial más importante de las últimas décadas.
