El video que circula con fuerza en redes sociales —difundido por la senadora Lilly Téllez— ha encendido las alarmas políticas tanto en Baja California como en la capital del país. En la grabación, se exhibe una presunta red de tráfico de influencias y desvío de recursos que involucra directamente al senador Adán Augusto López, a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a los empresarios Fernando y Carlo Padilla, del Grupo COCEI.
Según la narración del video, bajo el amparo del poder público y “sabiéndose impunes”, los Padilla —presuntos prestanombres de Adán Augusto— extendieron sus negocios a Baja California, aprovechando su cercanía con el entonces secretario de Gobernación. Gracias a esa conexión, Grupo COCEI se habría convertido en el consentido del gobierno estatal, beneficiado con contratos millonarios para obras hospitalarias y de infraestructura, como el Hospital La Morita en Tijuana y los centros de salud móviles.
La grabación menciona que se destinaron más de 1,100 millones de pesos a obras públicas en los municipios bajacalifornianos y acusa que parte de esos recursos fueron financiados irregularmente por los empresarios, mientras esperaban las transferencias federales. La relación entre los Padilla y la gobernadora no se oculta, dice el video: Carlo Padilla presume en cámara su “estrecha amistad” con Marina del Pilar y asegura haber transportado personalmente maletas con millones de pesos en efectivo hacia Baja California.
El material señala que esos fondos, entregados bajo el manto de supuestos “proyectos de salud”, constituirían actos de cohecho y corrupción, una mecánica que —según el video— “engrasa la maquinaria política de Morena” entre Adán Augusto, sus prestanombres y las autoridades estatales.
El contenido ha sido retomado por distintos espacios informativos y coincide con recientes reportes de medios como Zeta Tijuana, que han documentado contratos públicos otorgados a empresas vinculadas a Grupo COCEI. Además, el video relaciona este esquema con el retiro de visas por parte del gobierno de Estados Unidos a varios políticos mexicanos, entre ellos la propia Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres Torres, a quienes el Departamento del Tesoro habría vinculado con operadores financieros del Cártel de Sinaloa.
Hasta el momento, ni la gobernadora ni Adán Augusto han emitido respuesta alguna. Pero el silencio pesa más que cualquier declaración: en el tablero político, Baja California vuelve a ser el epicentro de la podredumbre institucional.
