En un nuevo paso dentro de la estrategia para combatir delitos de alto impacto en Baja California, la Fiscalía General del Estado informó la vinculación a proceso de Julio César “N” y Kevin Janluy “N”, señalados como presuntos responsables de extorsión agravada y robo calificado en contra de un operador de tractocamión en Mexicali.
De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos se remontan al 3 de enero de 2026, cuando la víctima fue interceptada en una empresa de paquetería por los ahora imputados. Según los reportes, mediante amenazas y agresiones físicas lo obligaron a subir a un tractocamión y posteriormente lo trasladaron en un vehículo Infiniti color negro, privándolo de su libertad durante varias horas.
Durante ese periodo, el transportista fue presionado para acudir a una sucursal bancaria ubicada en Plaza Nuevo Mexicali. Bajo coacción, los agresores obtuvieron sus claves bancarias con el objetivo de realizar retiros de efectivo. Tras no lograr obtener mayores cantidades y despojarlo también de su teléfono celular, el afectado fue abandonado en las inmediaciones de un dren en el fraccionamiento Valle del Pedregal.
Ante estos hechos, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, zona Mexicali, puso en marcha un operativo de investigación que combinó labores de campo, análisis de información y entrevistas estratégicas. Este trabajo coordinado permitió identificar a los presuntos responsables y reunir los elementos necesarios para solicitar una orden de aprehensión. 🚔
La orden judicial fue cumplimentada el 20 de febrero de 2026, y dos días después los detenidos fueron presentados ante un Juez de Control. Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continuaban las etapas procesales correspondientes.
Posteriormente, el 25 de febrero se dictó auto de vinculación a proceso, estableciendo un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual se fortalecerán las pruebas que sustenten el caso ante la autoridad judicial.
La Fiscal General del Estado, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, reiteró que la institución mantiene su compromiso de actuar con firmeza frente a la extorsión y otros delitos que afectan a la ciudadanía y al sector productivo. 🤝
Este avance judicial refleja el trabajo constante de las instituciones de procuración de justicia para brindar mayor seguridad a la comunidad, especialmente a quienes diariamente contribuyen al movimiento económico de la región, como el sector del transporte.
