CDMX.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró en conferencia de prensa que bloquear carreteras federales es un delito y exhortó a los manifestantes a liberar de inmediato las vialidades tomadas. El mensaje parecía un simple recordatorio legal, pero terminó exhibiendo una profunda contradicción del propio gobierno federal. Porque mientras hoy se condena, se criminaliza y se amenaza con sanciones, la ciudadanía recuerda que ese mismo acto —bloquear calles, carreteras y accesos estratégicos— fue durante años el sello político de quien hoy habita Palacio Nacional.
A la gente no se le olvida que Andrés Manuel López Obrador construyó buena parte de su carrera a través de movilizaciones que incluían cierres masivos de carreteras, tomas simbólicas de instalaciones, bloqueos petroleros y hasta la ocupación del Paseo de la Reforma durante más de un mes. Aquello era presentado como “resistencia civil pacífica” y se defendía como una forma legítima de lucha democrática. En aquel entonces, el discurso era claro: protestar era un derecho, bloquear era una herramienta, desobedecer era una obligación moral ante un gobierno injusto.
Hoy, desde el poder, la narrativa es la opuesta. El mismo movimiento que alentó, normalizó y glorificó el bloqueo como forma de presión social ahora lo califica de delito. Lo que antes era un acto heroico, ahora es un acto criminal. Lo que antes se justificaba como “lucha del pueblo”, hoy se reprime como “alteración del orden”. La ironía es tan evidente que ni el aparato oficial puede disimularla.
La declaración de Rosa Icela Rodríguez revela la incomodidad del gobierno ante un país que ya no protesta contra “los de antes”, sino contra ellos y ante eso, el mensaje se vuelve claro: cuando Morena protestaba, los bloqueos eran legítimos; cuando los ciudadanos protestan hoy, los bloqueos son ilegales. Esa doble moral no pasa desapercibida para nadie. La ciudadanía tiene memoria y no perdona que el poder condene hoy lo que celebró ayer.
En un país donde el gobierno presume sensibilidad social pero reacciona con irritación ante la inconformidad, la pregunta es inevitable: ¿cuándo dejó de ser válido bloquear una carretera? ¿El día que Morena llegó al poder? Porque la ley existía antes, pero la indignación oficial parece ser bastante selectiva.
