MEXICALI, B.C..— El pleito entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ensenada ya dejó claro algo: en Baja California, las finanzas se manejan más con criterio político que con lógica administrativa. Este lunes, el secretario general de Gobierno; Alfredo Álvarez Cárdenas y el secretario de Hacienda; Andrés Pulido Saavedra, ofrecieron una conferencia de prensa para “aclarar” los señalamientos de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, quien denunció un trato financiero diferenciado por parte del Estado.
Según la versión oficial, Ensenada no ha sido castigada, simplemente se le exige que pague lo que debe. El detalle es que esa deuda (unos 4 mil 100 millones de pesos) no se generó de la noche a la mañana, fue heredada, tolerada y hasta fomentada durante la administración del hoy senador Armando Ayala, aquel que sí recibió sin problema 120 millones de pesos en participaciones mientras acumulaba pasivos, retenía cuotas de los trabajadores y dejaba al ISSSTECALI tambaleando.
En otras palabras, el mismo gobierno estatal que ahora pide “saneamiento financiero” fue cómplice del desordencuando el alcalde era de casa. Hoy, con nuevas administraciones municipales, el discurso cambió: ya no hay dinero, ahora toca pagar los platos rotos.
Álvarez Cárdenas reconoció que sostuvo reuniones con Agatón para buscar alternativas, incluso autorizaron un crédito a corto plazo para resolver “necesidades inmediatas”, pero según dijo, el Ayuntamiento no lo pagó a tiempo. Una versión conveniente, sobre todo cuando el Estado juega al acreedor indignado y no al cómplice que durante años permitió que los municipios jineteasen las retenciones de los empleados y evadieran sus obligaciones patronales.
Por su parte, Pulido Saavedra intentó suavizar el golpe, afirmando que el Estado “ha apoyado a todos los municipios” y que ningún pensionado del Ayuntamiento de Ensenada se ha quedado sin pago ni atención médica. Lo que omitió decir es que esa estabilidad se sostiene con parches, desviando recursos que deberían ir a cubrir el adeudo histórico.
El mensaje político quedó claro: los alcaldes nuevos deberán sobrevivir con creatividad, porque del gobierno estatal no recibirán ni un peso extra, y si protestan, los tildarán de malos administradores. Mientras tanto, Alfredo Álvarez presume carácter cuando se trata de regañar municipios, pero para los temas que realmente afectan a los bajacalifornianos —corrupción, inseguridad, crisis del ISSSTECALI— prefiere esconderse detrás de las faldas de la gobernadora.
En Baja California, el orden financiero parece tener apellido y color partidista. Lo que antes era tolerancia, hoy se llama disciplina y lo que antes era apoyo, ahora se traduce en castigo.
