Como si se tratara de una película de Batman, Tijuana ya tiene guion, personajes y villanos bien definidos. De un lado, el presidente de CANACO y su vicepresidente, convertidos en una especie de Batman y Robin fronterizos, interviniendo directamente para liberar a ciudadanos de bien de las garras de policías municipales acusados de extorsión. Del otro, el alcalde Ismael Burgueño, en el papel del alcalde de Gotham City, saliendo a dar declaraciones que más parecen regaños al público que soluciones reales: “no victimicen los hechos”, “cada quien que se haga responsable de sus actos”.
La escena es surrealista, pero tristemente cotidiana. Empresarios defendiendo automovilistas porque la autoridad que debería protegerlos es la misma que los presiona, los amenaza o los detiene sin justificación clara. Y cuando la evidencia apunta a abusos, la respuesta oficial no es una investigación profunda ni sanciones ejemplares, sino un llamado a minimizar lo ocurrido.
Claro, no todos los policías son corruptos. Eso nadie lo discute. Pero tampoco se puede negar que los casos de corrupción y extorsión se acumulan como episodios de una serie interminable. Hay más ciudadanos que sienten miedo cuando una patrulla les prende las torretas que cuando caminan por el centro de la ciudad a medianoche. Esa percepción no nació de la nada; es el resultado de años de abusos normalizados y de una autoridad que prefiere cerrar filas antes que limpiar la casa.
Mientras el alcalde defiende a sus elementos y pide “no exagerar”, la realidad se impone sola: cuando la ciudadanía empieza a confiar más en empresarios organizados que en la policía, algo está profundamente roto. Gotham no necesitó a Batman porque su alcalde fuera fuerte, sino porque el sistema falló. En Tijuana, la analogía ya no es chiste… es advertencia.
