Michoacán. — Autoridades federales y estatales sostuvieron una reunión urgente en Apatzingán para atender la ola de violencia que afecta al sector agrícola en la región de Tierra Caliente, particularmente las extorsiones y cobros de piso contra productores de limón.
El encuentro fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el general Ricardo Trevilla, quienes reafirmaron su compromiso de reforzar las operaciones de seguridad, inteligencia e investigación en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional.
Durante la reunión, Harfuch aseguró que el asesinato del productor agrícola Bernardo Bravo no quedará impune, subrayando que el Gobierno de México trabaja para recuperar la tranquilidad en una de las zonas más productivas, pero también más golpeadas por la violencia.
“El homicidio de Bernardo Bravo es un hecho que no quedará sin respuesta. Estamos fortaleciendo las acciones conjuntas entre fuerzas federales y estatales para garantizar justicia y seguridad a los productores de Michoacán”, afirmó Harfuch ante representantes del sector agrícola.
El crimen de Bernardo Bravo, reconocido productor de limón, ha generado indignación y temor entre los campesinos, quienes denuncian extorsiones constantes y cobros ilegales por parte de grupos criminales que operan en la región.
Las autoridades informaron que se desplegarán operativos de vigilancia en los municipios de Apatzingán, Buenavista y Tepalcatepec, así como un refuerzo de inteligencia para identificar y detener a los responsables del homicidio y de las redes de extorsión que afectan a los agricultores.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó que su administración no permitirá que la delincuencia siga oprimiendo al campo michoacano, y destacó la coordinación con el Gobierno Federal como una medida esencial para recuperar la confianza de los productores.
El encuentro forma parte de la nueva estrategia integral de seguridad que busca proteger al sector agrícola de Tierra Caliente, donde miles de familias dependen del cultivo y exportación del limón mexicano, una de las principales actividades económicas del estado.
