De pronto, la Cuarta Transformación descubrió el valor del “ahorro”. No el ahorro familiar que practican millones de mexicanos para sobrevivir, sino el ahorro institucional que aparece justo cuando los fondos, las reservas y las cajas ya no alcanzan. Ahora resulta que el problema de la democracia en México es que es “demasiado cara” y que la solución es recortar, concentrar y rediseñar el sistema electoral desde el poder.
El discurso oficial insiste en que no se busca quitar autonomía, que no se tocará la esencia del INE, que todo es por el bien del pueblo. Pero la realidad es que la llamada reforma electoral llega en el momento exacto en que Morena requiere de mantener la mayoría calificada y a su vez eliminar a los plurinominales: es control.
Eliminar o rediseñar las diputaciones plurinominales no fortalece la democracia si el resultado es un Congreso dominado por una sola fuerza. Reducir recursos a los partidos y a los órganos electorales no es eficiencia cuando se traduce en menos vigilancia, menos contrapesos y menos capacidad para garantizar elecciones limpias. La democracia cuesta, sí, pero el autoritarismo sale mucho más caro.
Hablan de “democracia participativa” mientras concentran decisiones, desacreditan árbitros y desmantelan equilibrios. Hablan de “el poder del pueblo” mientras buscan que solo una voz represente a ese pueblo, curiosamente la suya. La autonomía estorba cuando no obedece y la pluralidad molesta cuando ya no conviene.
La reforma electoral no es un ajuste técnico: es un cambio profundo al sistema que permitió, con todo y errores, que los mexicanos eligiéramos a nuestros representantes. No siempre acertamos, pero eran nuestras decisiones. Hoy, ese derecho parece estorbarle al poder.
La pregunta no es si la democracia es cara. La pregunta es si estamos dispuestos a perderla a cambio de un supuesto ahorro que, casualmente, solo beneficia a quienes ya gobiernan.
